Seguridad Alimentaria y Nutrición: base para la superación de la pobreza
Por: Carlos Alberto Bernal Díaz.
En Colombia, los grupos étnicos, al igual que los hogares rurales victimizados con el desplazamiento forzado por la violencia, se encuentran entre las poblaciones más afectadas por situaciones como la pobreza, la inequidad y la falta de oportunidades para la inclusión social y productiva. Aunque existen diferentes políticas, planes, programas y proyectos, que están orientados a garantizar sus derechos en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), persisten situaciones que demandan del Estado un constante esfuerzo en la atención a esta población considerada vulnerable y sujeto de especial protección constitucional.
Prosperidad Social, como líder del Sector de la Inclusión y la Reconciliación, ha diseñado desde su oferta un conjunto de estrategias y acciones tendientes a la superación de problemáticas asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional. Desde 2003, la entidad ha implementado, a través de la Dirección de Inclusión Productiva, el Programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA).
Está orientado a promover la producción de alimentos para el autoconsumo y el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos humanos con un trasfondo que, en el caso de las poblaciones étnicas, promueve la pervivencia de las distintas comunidades, el reconocimiento de la diversidad cultural y el favorecimiento de la valorización del patrimonio agroalimentario y el intercambio de saberes y prácticas alimentarias.
Para 2019 y 2020 arrancamos una nueva operación en la que tenemos tres versiones del programa: una rural, otra étnica y una tercera a modo de proyecto piloto que, además de la producción para autoconsumo, contempla la generación de excedentes productivos para la comercialización con la visión de aumentar los ingresos de los hogares participantes.
Otro frente de nuestras acciones busca sumar esfuerzos de apoyo y fortalecimiento de la institucionalidad y la sociedad civil hacia el desarrollo de capacidades para la gestión, articulacción y desarrollo de acciones colectivas que aporten a la promoción y consolidación de políticas públicas más eficaces y eficientes en la provisión de seguridad alimentaria de las familias y comunidades.
A través de la línea de apoyo institucional estamos ejecutando la directriz del Gobierno nacional que, en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, estableció la reformulación de su Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y resalta la necesidad del acompañamiento territorial con herramientas para fortalecer la gestión y planificación.
Bajo esta perspectiva, este año, gracias a un convenio suscrito con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se desarrolló una agenda pedagógica y de construcción colectiva para mejorar la gestión de las entidades territoriales departamentales. Participaron otros actores que trabajan por la SAN. Se priorizaron los departamentos de Huila, Norte de Santander, Cauca, Chocó y Bolívar, donde se fortalecieron las capacidades de los Comités de SAN. En Sucre y Córdoba se desarrolló una propuesta de formación a líderes y en Tolima y La Guajira se trabajó en el fortalecimiento del liderazgo de los integrantes del Comité y de los líderes.
Se han realizado alrededor de 28 encuentros territoriales en los departamentos priorizados. De manera complementaria, a nivel nacional, se realizaron varios encuentros tendientes a reforzar desde lo central un sistema interinstitucional fuerte y enfocado al tema para afianzar la garantía progresiva del derecho humano a la alimentación.
Con ReSA, Prosperidad Social atenderá en 2020 a 9.500 hogares en nueve departamentos y 32 municipios, para los que ha destinado un presupuesto cercano a 28.500 millones de pesos. Si a lo anterior sumamos la entrega de cientos de huertas familiares y comunitarias y el apoyo a la realización de mercados campesinos desde los que se promueve el intercambio de productos locales que producen los participantes de otros programas de inclusión productiva como Familias en su Tierra e Iraca, la entidad cubre un espectro con el que aspira a contribuir a que se cumpla el segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): la erradicación del hambre y la pobreza extrema al final de la siguiente década.
Jóvenes en Acción, una estrategia para garantizar el derecho a la educación
La garantía del derecho a la educación de los jóvenes en condición de pobreza abarca la agenda incluyente de una sociedad que avanza hacia el desarrollo, brindando los elementos que permitan el acceso y la permanencia de los estudiantes en la educación superior.
Bajo esta premisa fue creado en 2012, el programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social, el cual busca incentivar la formación de capital humano de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante un modelo de Transferencias Monetarias Condicionadas-TMC, que les permite el acceso y permanencia en la educación superior (niveles técnico, técnico profesional, tecnológico y profesional universitario en la modalidad de pregrado) y el fortalecimiento de las habilidades para la vida.
El programa se enmarca en el Pacto por la Equidad, una de las bases sentadas en el Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que le apuesta a una política social moderna incluyente, que cierre las brechas y amplíe las oportunidades de quienes más lo necesitan. Entre sus líneas incluye “educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos” y “juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país”.
Es así, como en el proceso de fortalecimiento del programa, una de las metas del Plan es ampliar su cobertura, llegando a 500.000 nuevos estudiantes en el cuatrienio, para lo cual se adelanta la firma de diferentes convenios en el país, como al que se le dio apertura este mes de octubre en Villavicencio con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, iniciando con la jornada de pre-registro de los potenciales estudiantes que entrarán a recibir el incentivo económico de Jóvenes en Acción. El evento fue presidido por el director territorial de la ESAP en Meta, Albeiro Sanchez Medina y el director regional de Prosperidad Social en el departamento, Aldemar Baquero.
El convenio tendrá una vigencia hasta 2022 y Villavicencio hace parte de los 98 municipios del país que entrará en esta ampliación de cobertura, para el caso, en distancia tradicional para diferentes carreras en pregrado. El objetivo es llegar con estrategias de acompañamiento, que permitan a los jóvenes continuar su formación en educación superior con el apoyo de transferencias monetarias condicionadas y acciones de articulación que les brinden oportunidades en el mediano plazo, de emprendimiento, más posibilidades de educación y empleo para mejorar su calidad de vida, superar la pobreza y aportar al desarrollo del país.
Actualmente, en el departamento del Meta, Jóvenes en Acción atiende a más de 3 mil estudiantes de los municipios de Villavicencio y Granada, en el marco del convenio nacional celebrado con el SENA, estrategias nacionales y con la Universidad de Los Llanos. Una de esas estrategias nacionales es Generación E, ejecutada con el Ministerio de Educación, entidad que cubre el 100% del valor de la matrícula semestral, en tanto que Jóvenes en Acción aporta el incentivo monetario como apoyo de sostenimiento para cubrir gastos académicos.
En 2019, en el departamento se prevé beneficiar a 2.284 estudiantes en los municipios de Villavicencio y Granada. En tanto que para el 2020 serán 2.155.
Jóvenes en Acción es un programa pionero en América Latina, con un buen resultado costo beneficio, lo que justifica la inversión. Los impactos del Programa son significativos para los Jóvenes que han hecho parte de este, como lo demostró la evaluación de impacto contratada por Prosperidad Social a la Unión Temporal Econometría-SEI en 2017. Esta y otras investigaciones académicas sugieren que Jóvenes en Acción promueve, como pocos, el cierre de las brechas de acceso a la educación superior en los jóvenes en pobreza y vulnerabilidad.
Se espera, entonces, con estas acciones en Meta y el resto del país, contribuir en la reducción de la brecha de acceso a educación superior, en la disminución de la deserción de educación superior y en la reducción de las tasas de NINIS (jóvenes que no estudian ni trabajan), con el fin de avanzar hacia la reducción de la pobreza y las desigualdades en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible 2030.
Julián Torres Jiménez
Director de Transferencias Monetarias Condicionadas
Prosperidad Social
Unidos por el desarrollo social y económico de las regiones
Un importante papel de la cooperación internacional consiste en promover y acompañar el trabajo conjunto entre las entidades estatales, las comunidades, la sociedad civil y el sector privado para que los países introduzcan en sus agendas proyectos inclusivos que permitan el desarrollo social, cultural y económico de las comunidades.
Con este propósito, desde 2017 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se sumó al programa IRACA, de Prosperidad Social por medio del programa Inclusión para la Paz (IPA) de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el fin de contribuir a la superación de la pobreza de comunidades afrocolombianas e indígenas en 22 municipios de nueve departamentos.
IRACA fortalece la seguridad alimentaria e implementa proyectos productivos y comunitarios. En sus dos años de trabajo con el programa, OIM ha atendido a 9.500 hogares de comunidades afectadas por la violencia, con una inversión aproximada de 58.000 millones de pesos. Mediante esta intervención se han identificado historias de vida que ponen en evidencia el gran aporte de las comunidades étnicas a la construcción de país.
En La Guajira, 2.530 hogares han recibido el apoyo del programa para fortalecer sus actividades productivas. En este caso podemos destacar el papel de las mujeres wayuu que, basadas en sus costumbres, sus tradiciones y su conocimiento ancestral, le han dado dinamismo a su actividad artesanal y han contribuido a un notable mejoramiento de los ingresos de sus núcleos familiares.
En Guapi y Timbiquí (municipios de Cauca), y Buenaventura (Valle del Cauca), el programa ha permitido recuperar las semillas propias en 2.000 hogares liderados por mujeres. Esto ha contribuido al mejoramiento de la seguridad alimentaria y la salvaguarda de la cocina tradicional de estas comunidades
En Tumaco (Nariño), unos 850 productores de cacao y coco han aprovechado el apoyo de IRACA para fortalecer los procesos productivos, mejorar la calidad de sus productos y lograr acceso a nuevos mercados, gracias a la participación en ruedas de negocios y eventos comerciales promovidos por el programa.
El éxito de estos proyectos se ha sostenido en los ejercicios de concertación y participación de las comunidades, así como en la promoción y el fortalecimiento de liderazgos a partir de dinámicas propias del ámbito local. Hoy, en los 50 resguardos y 28 consejos comunitarios que participan en el programa en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Putumayo, La Guajira, Cesar y Guainía, se percibe un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y, por ende, un esperanzador grado de superación de la pobreza.
Ana Eugenia Durán Salvatierra
Jefe de Misión
Organización Internacional para las Migraciones OIM Colombia
La equidad social vista desde un mejoramiento de vivienda
Por: Luisa Gómez Pinedo
Directora Infraestructura Social y Hábitat - Prosperidad Social
Junio 21 de 2019.
Durante los últimos años, la política de vivienda colombiana ha evolucionado tanto a nivel urbano como rural a través de soluciones de vivienda. Actualmente, el reto para la administración del presidente Iván Duque se hace mayor al plantearse una estrategia del Gobierno Nacional denominada “Casa Digna Vida Digna”, la cual busca reducir el déficit cualitativo de vivienda, promover la legalidad y la equidad en todo el país logrando así el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los hogares colombianos en sitio propio o en entornos de barrios con la pavimentación de las calles y la construcción de andenes.
La estrategia “Casa Digna Vida Digna” es un reto que nos permitirá demostrar el compromiso y la capacidad de tres entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los cuales trabajan articuladamente en el marco de este programa, para el cumplimiento de la meta de 600 mil mejoramientos de vivienda y barrios. Asimismo, nos encontramos en un momento trascendental porque el Estado pasa a considerar la vivienda como una cuestión social donde la intervención con los mejoramientos de condiciones de habitabilidad, además de optimizar la calidad de vida de los colombianos, reduce los índices de pobreza y el déficit cualitativo de vivienda del país.
Por su parte, Prosperidad Social a través del programa “Casa Digna Vida Digna”, no sólo le apuesta a la construcción de mejoramientos de vivienda sino a una estrategia de arraigo, de equidad y empoderamiento de las familias que retornan a su tierra donde la articulación de la oferta institucional tendrá un papel preponderante para brindar acompañamiento integral a las familias haciéndolas productivas y autosostenibles.
El programa “Casa Digna Vida Digna” requiere de la participación activa de las administraciones locales y de los entes territoriales (Alcaldes y Gobernadores) como parte de la articulación regional y local para el desarrollo. Desde Prosperidad Social estimamos beneficiar a la población más vulnerable del país considerada en pobreza extrema porque nuestro reto transciende a la superación de ésta a través de la inclusión social con viviendas dignas y techos para todos.
Para el 2030, los hogares colombianos tendrán mayor facilidad para acceder a viviendas con calidad, tendremos barrios atractivos, seguros, con parques de fácil y rápido acceso y espacios deportivos y culturales donde se podrá compartir en familia y con equidad social.
Actualmente 3,5 millones de personas se encuentran en una situación económica difícil, con ingresos extremadamente bajos, que no les alcanzan siquiera para adquirir los alimentos mínimos que requieren para su sustento. Para estas personas existe Unidos.
Carolina Nader Dangond
Directora de Acompañamiento Familiar y Comunitario
Uno de los programas del Gobierno nacional con mayor presencia en el territorio lo tiene a cargo el Departamento para la Prosperidad Social a través de la Estrategia Unidos, la cual cubre 1.101 municipios, ha acompañado cerca de 850.000 hogares, lo que equivale a 2 millones 884 mil 135 colombianos entre los más pobres de los pobres.
Actualmente 3,5 millones de personas se encuentran en una situación económica difícil, con ingresos extremadamente bajos, que no les alcanzan siquiera para adquirir los alimentos mínimos que requieren para su sustento. Para estas personas existe Unidos.
Creada en 2007, la Estrategia, que fue conocida inicialmente como la Red Juntos, ha sido uno de los principales proyectos con acciones concretas del Estado colombiano durante la última década para asegurar que los hogares más pobres y vulnerables mejoren sus condiciones de vida, acumulen capital humano y, en consecuencia, salgan de la pobreza extrema de manera sostenida.
Durante estos más de 10 años, Unidos ha trabajado de manera integral con los hogares partiendo de un modelo conceptual de pobreza que va más allá de la monetaria y ha implementado un modelo de atención que centra sus esfuerzos en 26 indicadores denominados “Logros". A través de estos se trabaja para verificar que los hogares van teniendo acceso a aspectos fundamentales del bienestar como los servicios de salud, condiciones de habitabilidad adecuadas, acceso a la educación y la generación de empleo, entre otros.
La Estrategia Unidos basa su acción en dos componentes de trabajo simultáneos: el primero, la articulación de la oferta de las entidades nacionales, departamentales y municipales del Estado hacia los hogares que hacen parte de ella para asegurar que los programas y proyectos los beneficien verdaderamente.
En segundo lugar, un acompañamiento hogar a hogar, realizado en la propia vivienda por un Cogestor Social que busca empoderar a los hogares y fortalecer las capacidades de cada integrante. Esto en el entendido de que el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas más pobres solo es posible cuando ellas adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de sus derechos, y fortalecen su capacidad de agencia, es decir, de interactuar con sus entornos de manera independiente y libre.
Es aquí donde la figura del cogestor social adquiere un rol fundamental, ya que su trabajo va más allá del acompañamiento a los hogares: en las zonas más remotas se convierte en un representante de la institucionalidad, con el cual se establece un vínculo de confianza que hace más humana la relación entre los ciudadanos y el Estado colombiano.
Allí, donde la geografía colombiana impide el acceso de los hogares a los servicios institucionales llega el cogestor social como un puente que acerca a las personas más pobres a los programas sociales del gobierno.
En cada visita, el cogestor conoce la realidad de los hogares, sus necesidades más sentidas y las barreras que les impiden salir de la pobreza, y se compromete a trabajar con cada hogar para superarlas. Adicionalmente, contribuye con la promoción de derechos, pues se los dan a conocer a los hogares y les indican cómo ejercerlos en la cotidianidad.
Durante el gobierno del presidente Iván Duque, el Departamento para la Prosperidad Social se asegurará que nadie se quede atrás: acompañará a esos 3.5 millones de colombianos que persisten en pobreza extrema, articulando servicios y programas que los impulsen en su proceso de empoderamiento y mejoramiento de sus condiciones de vida para que, realmente, el “futuro sea de todos".
Diciembre 21 de 2018.
Los participantes y agentes territoriales de la operación expusieron cuadros vivos en los que escenificaron algo más de año y medio de trabajo y supieron transmitir la profundidad del impacto social que representa FEST, más allá de una inversión monetaria cercana a los 125.000 millones.
Cada uno de los componentes del programa cumple con su propósito y todos son igual de importantes. Proveer los medios para que las personas tengan fuentes sostenibles de alimento es una etapa básica; mejorar sus condiciones de habitabilidad, entregar herramientas y capacitación para que puedan retomar sus actividades productivas es asegurar que puedan recobrar su autonomía y seguir adelante por sí mismas; sanar las heridas emocionales y psicosociales de las personas y comunidades es esencial para reconstruir el tejido social.
Esto lo sabemos también por lo que manifiestan sus participantes. En sus expresiones de gratitud entendemos el valor de nuestra labor por una Colombia con menos pobreza y más equidad.
Frente a estos resultados de la tarea cumplida en parte de 2017 y todo 2018, fruto del trabajo entre Prosperidad Social y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la entrega de 14.700 huertas caseras y 358 comunitarias, 14.700 incentivos para mejoramiento de viviendas y 210 proyectos sociales de interés comunitario, con los cuales miles de colombianos podrán recibir el nuevo año con más alegría.
Y no puedo terminar estas palabras sin dejar un reconocimiento especial a los equipos territoriales por su consagración y entrega, demostradas en los desafíos de nuestra agreste geografía. Para ellos mi fraternal saludo.
Y para todos, una Navidad en paz y un nuevo año pleno de bendiciones.
Carlos Alberto Bernal Díaz
Director de Inclusión Productiva
Noviembre 30 de 2018.
Para atender a este reto, desde el Gobierno tradicionalmente hemos centrado nuestros esfuerzos en programas de formación y capacitación que incrementen las posibilidades de la población en situación de pobreza de encontrar un empleo estable y mejor remunerado. Sin embargo, en la búsqueda de nuevas alternativas de transformación social, encontramos en los Bonos de Impacto Social (BIS) un modelo de financiación basado en resultados. Así los recursos públicos pueden ser invertidos de una manera más efectiva y eficiente, centrándonos en que los participantes -pobres extremos y vulnerables- efectivamente consigan trabajo formal y permanencia.
Los BIS son un mecanismo que permite financiar e implementar programas sociales de forma efectiva. El Gobierno, la cooperación u otro actor interesado condicionan todo el pago al logro de resultados medibles y preacordados.
Para este caso fijamos el objetivo de emplear y mantener en el empleo a 766 personas con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos. Sin haber terminado la intervención, ya superamos la meta de colocación: más de 850 personas -110 por ciento de la meta- se encuentran vinculadas laboralmente y cerca de 520 personas -68 por ciento de la meta-, retenidas a tres meses.
El Gobierno le apostó a este modelo innovador teniendo en cuenta los grandes beneficios que arroja: enfocarse en los resultados y no en las actividades de los programas sociales, mejorar la implementación de los programas y garantizar un seguimiento riguroso de lo que ocurre con los participantes, incentivar el trabajo articulado entre los sectores público, privado y de cooperación, para que cada uno haga lo que sabe hacer mejor; y construir una cultura de monitoreo y evaluación que garantice que los programas sociales alcanzan los resultados para los cuales se formulan. También permite realizar inversiones preventivas para atacar las causas de las problemáticas sociales, reducir los riesgos del Gobierno al transferirlos a los inversionistas que hacen la inversión inicial y fomentar la innovación y la flexibilidad de la implementación de programas sociales.
Beneficiarios de BIS: Katherine Galvis, Marcela Martínez y Léder Díaz.
Los BIS facilitan que los programas sociales puedan ajustarse en la marcha, evaluarse y medir el alcance de los resultados para que de estos se desprendan recomendaciones de formulación de política pública para el surgimiento de nuevas intervenciones o el ajuste de las existentes. Por esto, no solo funcionan como un mecanismo en sí mismo para llevar a cabo inversión social de forma eficiente y de calidad, sino que también son un vehículo para la innovación en el campo de la política social y la articulación de esfuerzos de los diferentes sectores para alcanzar un resultado común.
Los BIS en Colombia cuentan hoy con instrumentos técnicos, legales y financieros que contribuyen a la replicabilidad y escalabilidad del programa, pudiendo implementarse en temas como la primera infancia, educación, reincidencia carcelaria, salud y habitabilidad de calle.
Creemos que esta apuesta seguirá comprometiendo cada vez a más actores en Colombia y en toda América Latina, en la solución de los problemas sociales más desafiantes que enfrentamos.
Bibiana Taboada Arango
Subdirectora general para la superación de la pobreza.
Junio 26 de 2018.
Por Juliana Álvarez Gallego
Directora de Banca de las Oportunidades
Miles de colombianos se levantan a diario con la angustia de no tener recursos económicos para comer; de vivir con la incertidumbre de si al final del mes tendrán dinero para pagar el arriendo, los servicios públicos o la administración, y de tener un miedo permanente de enfermarse o que un familiar fallezca, pues carecen de seguros para asumir ese tipo de eventos adversos.
En su desesperación, acuden a préstamos con amigos, familiares o, peor aún, con prestamistas ilegales como los ´gota a gota´, que lejos de ser una opción para solucionar sus problemas financieros, termina, en muchas ocasiones, siendo una salida catastrófica.
Precisamente estos rostros que reflejan un gran drama humano en varias regiones del país, fueron el epicentro del proyecto de educación e inclusión financiera que se desarrolló durante dos años en 42 poblaciones de 15 departamentos de Colombia. Se trata de población que se encuentra en condición de extrema pobreza, que pertenece al programa Red Unidos de Prosperidad Social y que habita los proyectos 'Viviendas 100% subsidiadas'.
En el marco del proyecto de Banca de las Oportunidades, con el apoyo de Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda, se logró la conformación de más de 3.200 grupos de Ahorro y Crédito Local, que beneficiaron a más de 46 mil personas en extrema pobreza que habitan en 59 proyectos de vivienda entregados por el Gobierno Nacional.
Los grupos de ahorro son asociaciones autogestionadas e independientes de mínimo 11 y máximo 19 personas, que movilizan y administran sus propios ahorros y ofrecen préstamos a sus miembros para diferentes propósitos, desde atender sus necesidades básicas hasta iniciar un pequeño negocio. Se destaca de la metodología la capacidad de fortalecer el capital social de comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, permitiéndoles a las personas crear redes de apoyo basadas en la confianza, la solidaridad, la disciplina, el trabajo en equipo y la tolerancia.
Un primer indicador que nos permitió inferir que recorríamos el camino correcto es que los grupos generaron ahorros por $1.310 millones y realizaron 2.647 créditos por $507 millones -un promedio de $192 mil por persona-.
Además, más del 50% de adultos no bancarizados (4.581 personas) tuvieron la oportunidad de acceder, por primera vez en su vida, a un producto financiero formal y más del 50% de quienes ya estaban bancarizados (20.438), presentaron actividad en mínimo un producto financiero.
Pero más allá de estas cifras que superaron las metas del proyecto, necesitábamos saber si las personas beneficiadas habían generado comportamientos financieros favorables en el interior de estas comunidades, que les permitiera dar un paso firme para superar su condición de extrema pobreza.
La Universidad de Toronto nos apoyó en la evaluación de los resultados de una encuesta de tejido social que midió el impacto social del proyecto entre la comunidad beneficiada. Se escogió a un representativo grupo de personas a quien se le aplicó la encuesta en dos momentos: la primera (línea base) una vez se conformaron la totalidad de los grupos y la final (línea de salida), antes de finalizar el proyecto.
De acuerdo con los resultados analizados, se obtuvieron alentadores hallazgos en varios aspectos analizados. Por ejemplo, un importante porcentaje de personas que en principio afirmaba "los ingresos no alcanzan para ahorrar", modificaron ese concepto: de una línea base del 34% se redujo al 15% en la línea de salida.
Así mismo, hubo un descenso en las dificultades económicas para atender necesidades básicas de los hogares, principalmente en alimentación, transporte y vestuario, pues se pasó de un 28% en la línea base a un 23% en la línea de salida
Igual aconteció con los problemas a la hora de pagar los servicios públicos (disminuyó del 52% al 45%) y la administración (14% al 12%), problemáticas planteadas por Prosperidad Social y MinVivienda antes de iniciar el proyecto. También se evidenció cambios favorables en la planeación del uso del dinero, ya que disminuyó el número de personas que tuvo que recurrir a prestamistas informales como los 'gota a gota', del 14% que lo hacía disminuyó al 7%.
También se pasó de un 25% que dijo en principio que acudía a familiares y amigos para pedir prestado dinero a un 19%. Se resalta, igualmente, el incremento del uso de ahorros propios ante una dificultad económica (14% al 22%). En cuanto a la capacidad de ahorro también hubo cambios sustanciales; una proporción significativa de personas afirmó que empezó a ahorrar, principalmente, a través de los grupos de ahorro, porcentaje que pasó de 27% (línea base) a 65% (línea de salida).
Estos resultados nos permiten concluir que la metodología implementada contribuyó a mejorar el uso del dinero y las actividades de ahorro y crédito en la población en extrema pobreza objeto del proyecto. Igualmente, nos permitió inferir que el aumento del tejido social en los grupos de ahorro generó esquemas de confianza y permitió la creación de proyectos productivos asociativos.
El proyecto también dejó una capacidad instalada de ocho corresponsales bancarios en proyectos de vivienda de cinco departamentos y el desarrollo de capacidades financieras a más de 46 mil personas, que generan una gran oportunidad para que el sistema financiero siga ofreciendo productos adecuados a esta población, ya que cuenta con la capacidad de tomar decisiones financieras informadas.
Pero quizá lo más importante es que este proyecto permitió entregar herramientas efectivas a estas comunidades para que enfrenten y derroten la llamada pobreza extrema y así logren consolidar sus sueños a través del ahorro, el crédito, los seguros y la educación financiera.
Rafael Zabala, Representante de la FAO en Colombia
Diciembre 29 de 2017.
Uno de los grandes desafíos en Latinoamérica es la articulación de política pública. En la mayoría de los países se han registrado avances contundentes en la satisfacción de bienes y servicios básicos a través de los programas de gobierno como los de transferencias condicionadas, tales como Bolsa de Familia (en Brasil), Prospera (en México) y Familias en Acción (en Colombia). Aunque todavía falta camino por recorrer, los avances en temas de 'inclusión social' han sido notorios, sin embargo, el tema de 'inclusión económica' sigue siendo un gran reto. En la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) trabajamos para promover el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los países y que éstos se traduzcan en la articulación de los programas de transferencias condicionadas con estrategias de bienes públicos dirigidas a generar empleos e inclusión económica, a través de asociaciones y alianzas público-privadas que promuevan agregación de valor, economías de escala, mercados locales-regionales y mayor cercanía al consumidor.
En mayor o menor medida, dependiendo el país que se trate, lograr lo anterior implica cumplir al menos con cuatro requisitos: (1) coordinación entre diferentes niveles de gobierno (desde lo local hasta lo nacional) (2) integración sectorial entre los diferentes ministerios y entidades relacionadas con el empleo, el desarrollo social y económico, la educación, la salud y el bienestar; (3) las alianzas con el sector privado y (4) una mayor y más comprometida participación de la sociedad civil.
A través de esta intersectorialidad y una mejor integración entre gobiernos, junto con mayor participación activa del sector privado y la sociedad civil, se podrán consolidar sistemas agroalimentarios territoriales más eficientes e inclusivos que aporten a la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional y a la sostenibilidad en el uso de los recursos locales. Indudablemente, esto resultará en avances más contundentes en la reducción de pobreza y de desigualdad y en la consolidación de la cohesión social que el país necesita en un contexto de construcción de paz.
En conjunto, hemos trabajado con Prosperidad Social y con Colombia en transitar de una política cada vez menos asistencial hacia una más promotora de desarrollo sostenible. De una visión individual o familiar a una comunitaria y territorial; de una que funcione sólo como 'red de seguridad' para evitar una caída a mayores niveles de pobreza a una 'red articulada' que promueva inclusión en circuitos económicos locales, mayor empleo y mayor desarrollo a partir de nuevas oportunidades y un papel de la sociedad civil urbana como los que cierran el circulo virtuoso de cohesión en los territorios a través del consumo solidario. Se trata de apuestas que ubican al capital social en el centro de la escena, acompañado de confianza y solidaridad. En términos médicos, podríamos decir que estamos transitando de un 'control' de la pobreza hacia un 'tratamiento' para superarla.
Finalmente, reconocemos la importancia de trabajar con énfasis en un enfoque territorial que fortalezca los vínculos urbano-rurales y apropie las diferentes perspectivas: edad, género, cultura, identidad, ruralidad, pertenencia étnica y otras, como un aporte al reconocimiento de la diferencia y la equidad en el marco de las políticas públicas y el cumplimiento de la agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible.
Una alianza productiva para el desarrollo que genera confianza en las comunidades
Por Ricardo Gaviria Jansa
Presidente de Cerro Matoso-South32
Octubre 6 de 2017
Cerro Matoso firmó en 2013, con Prosperidad Social, el SENA y los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y La Apartada, la Alianza por lo Social Alto San Jorge que, en su momento, se constituyó en la primera estrategia de estas características con el sector minero, para beneficiar a las comunidades.
Esta iniciativa contempla la ejecución de proyectos de alto impacto para la subregión mencionada en el sur de Córdoba y busca contribuir a la superación de la pobreza de la población.
Al completarse tres años de ejecuciones y avances, el balance es muy positivo. Emociona y entusiasma la transformación de la región con esta alianza entre el gobierno nacional y el sector privado. Al mirar en retrospectiva, nos declaramos orgullosos de los logros y principalmente, de la relación que tenemos con las comunidades. Hoy podemos afirmar que la comunicación es fluida, transparente y dotada de una confianza sólida.
La idea de la Alianza Público-Privada surge por iniciativa de la compañía ya que, durante más de treinta años, la inversión social en la región del Alto San Jorge se ejecutó con poca intervención de otros actores y se pudo evidenciar que el componente del gobierno es sustancial en estos procesos. Esta asociación potencia la presencia oficial en los territorios y, por lo tanto, la intervención puede articularse a través del tiempo.
La necesidad de buscar aliados estratégicos se basa en lograr un mayor beneficio para las comunidades porque, de un lado, se incrementa la inversión y de otro, se logra la atención gubernamental para el sostenimiento y/o consolidación de los proyectos adelantados.
Este ejercicio es beneficioso en todos los órdenes. Es la sumatoria de experiencias, recursos, competencias para beneficio de comunidades vulnerables. Aquí todos aportamos, desde las alcaldías, las grandes instituciones del gobierno y el sector privado que se juntó también en la región. Fue un desarrollo multiempresarial efectivo.
El rol de los actores permitió dialogar, conocerse y aprovechar mejor los recursos. Los proyectos se construyeron en consenso colaborativo y en ecuanimidad. Por ejemplo, Cerro Matoso donó las instalaciones del SENA en Montelíbano con la correspondiente dotación tecnológica y la institución se responsabiliza del funcionamiento. En San José de Uré, la empresa minera entregó una biblioteca y el Ministerio de Cultura aportó para dotarla del equipo necesario. La pavimentación de 2.4 kilómetros de la carretera hacia Puerto Libertador, fue financiada con recursos del sector privado, pero su mantenimiento estará a cargo del gobierno. A través del programa de Prosperidad Social, Jóvenes en Acción, varios de los beneficiados del programa de becas de educación superior que cursan sus estudios en universidades públicas, reciben un apoyo económico adicional.
Involucrar diversos actores y diferentes entidades es un reto complejo, sobre todo para generar la confianza en cada acción y compromiso. Esas aparentes barreras se consolidaron en nuestro caso como ejercicios de eficiencia. Se requirió de mucha paciencia, constancia y tenacidad para convencer a todas las partes de que valía la pena asumir el reto. Así mismo, se requirió de un largo y profundo diálogo, como base para poder construir acuerdos que permitieran ir más allá de las visiones locales de cada actor.
Con esta experiencia estamos convencidos de que las alianzas de este tipo son un mecanismo indispensable para garantizar que las acciones de inversión social, que tanto el Estado como el sector privado quieren implementar en una determinada región, realmente desarrollen a plenitud su potencialidad, evitando duplicidades, maximizando resultados y generando un verdadero mejoramiento de vida de las comunidades vecinas.
Este tipo de mecanismos son la plataforma ideal que permite la sostenibilidad de los proyectos, requisito indispensable para que, tanto la acción del Estado y del sector privado, perdure en el tiempo y tenga verdadera capacidad de transformación de una región. El propósito final es que las poblaciones logren mejores oportunidades, mayor progreso y empoderamiento de su propio desarrollo.
Bonos de Impacto Social (BIS):
de la filantropía a la inversión de impacto social
14 de julio de 2017
La visión de filantropía ha tenido grandes cambios en las últimas décadas. Primero, en los programas sociales se ha pasado de un esquema asistencialista para atender las necesidades de una población vulnerable, a uno de fortalecimiento de capacidades personales e institucionales que promuevan su desarrollo. Segundo, los métodos de monitoreo han evolucionado de medir solo la cobertura de atención a beneficiarios, a evaluar los impactos en los participantes, para evidenciar su progreso y desarrollo en diferentes dimensiones. Por último, los esquemas de financiación buscan ser cada vez más sostenibles y escalables para ampliar su impacto.
Este último cambio ha llevado a que el sector social haya analizado cómo a través de vehículos de inversión social puede generar resultados positivos, innovaciones, aprendizajes y al mismo tiempo lograr la sostenibilidad de las soluciones implementadas para que sean perdurables.
Un nuevo esquema que está siendo probado en este sentido a nivel global, son los Bonos de Impacto Social (BIS) que consisten en un contrato de pago por éxito, que articula a entidades del Gobierno que buscan atender una problemática social, a financiadores privados con interés social, y a operadores u organizaciones sociales para suministrar servicios públicos y/o sociales a la población vulnerable de manera eficiente e innovadora. Bajo este esquema se definen resultados medibles como tasas de empleabilidad, porcentajes de no reincidencia carcelaria, coberturas y mejoramiento de servicios de salud, entre otros; de forma que el gobierno solo paga al obtener los resultados esperados del programa social.
Este esquema permite alinear los incentivos de cada actor involucrado. El Gobierno logra resolver problemas sociales de forma eficiente y a la escala requerida; los operadores cuentan con flexibilidad para innovar y los recursos necesarios para hacer más eficiente su trabajo; y los inversionistas encuentran un espacio para generar impacto social, que de otra manera no generaría este tipo de oportunidades, además de monitorear sus inversiones para mejorar su desempeño y alcanzar el resultado deseado.
El principal beneficio del esquema de BIS es probar nuevos modelos de intervención para solucionar problemas sociales, donde el sector público conoce los costos que se requieren para atenderlo y es parte de las agendas priorizadas. Además, permite escalar soluciones existentes que ya tienen evidencias de resultados positivos, donde se pueda reconocer oportunidades de eficiencia en costos al implementar el proyecto en mayor escala. Para los dos casos el esquema de los BIS está generando nuevos datos e indicadores para la construcción de política pública.
Este año en Colombia se firmó el primer BIS en un país en desarrollo, el cual busca la generación de ingresos de población vulnerable para la superación de la pobreza, a través de acceso y retención en un empleo formal. El proyecto ha sido diseñado por una alianza entre Prosperidad Social, BID-FOMIN y Cooperación Económica del Gobierno de Suiza, como pagadores del resultado; las Fundaciones Corona, Bolívar Davivienda y Mario Santo Domingo como inversionistas; la Fundación Carvajal, Kuepa, Volver a la Gente y Colombia Incluyente como operadores; Deloitte como verificador de los resultados, y un grupo de aliados y asesores técnicos entre los cuales está Instiglio.
Este proyecto nace de una gran iniciativa entre BID – FOMIN, Gobierno Suizo, Prosperidad Social y Fundación Corona, para crear en Colombia el modelo y el mercado de BIS con el fin de ofrecer una alternativa de financiación a los programas sociales que buscan mitigar diversas problemáticas en el país.
Con el lanzamiento de este primer Bono se refuerza que Colombia es un país pionero en soluciones innovadores para el desarrollo social.
