Editorial
2019, comenzamos la ruta hacia la equidad
Diciembre 24 de 2019.
La complejidad de la coyuntura actual y los retos que vienen con el avance innegable que el país ha conseguido hasta aquí en la materia, requerían respuestas modernas y recursos innovadores para poder ejercer el papel fundamental de Prosperidad Social.
El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, pacto por la equidad, es un mapa de política social moderna para responder a esos retos. Fue aprobado en mayo, incluyendo un adecuado diagnóstico de la realidad actual y previendo los resultados de ralentización en la disminución de la incidencia de la pobreza. El recorrido está monitoreado desde la Mesa de Equidad, presidida por el Presidente de la República, desde la que se articula todo el trabajo en superación de pobreza. Es una instancia que reúne a todas las entidades con responsabilidad en ese objetivo. Allí, Prosperidad Social comparte la secretaría técnica con el Departamento Nacional de Planeación.
La Mesa es el escenario para coordinar la implementación de la Ruta de Superación de Pobreza, el eje central del trabajo de Prosperidad Social durante el cuatrienio. En la entidad ajustamos el trabajo de focalización de los programas, de acuerdo con los resultados que va arrojando el Sisbén IV, respondiendo a la estructura poblacional y las desigualdades regionales, entre otras cosas. Un elemento fundamental de la política social que estamos ejecutando en Prosperidad Social y en la Mesa, en general, es el vínculo con la inclusión productiva, la relación con los mercados y las fuentes de empleo.
En Prosperidad nos corresponde analizar las intervenciones de las entidades nacionales en cada entidad territorial, coordinar con alcaldías y gobernaciones los compromisos de atención a las necesidades de la población en situación de pobreza y pobreza extrema que complemente la oferta de las entidades públicas de orden nacional y realizar seguimiento al desarrollo de estrategias territoriales de superación de pobreza y pobreza extrema.
Para la Ruta, desde el año pasado hemos fortalecido programas de inclusión productiva y generación de ingresos que se articularan a esa estrategia y que son fundamentales para la seguridad alimentaria y el impulso de proyectos productivos en las comunidades que más han sufrido, por ejemplo, las víctimas del desplazamiento y en comunidades étnicas. Trabajamos también en programas que impactan la demanda laboral y la oferta específica de la población más pobre. El piloto de la Estrategia Unidos que implementamos en Córdoba y Nariño nos dio insumos para optimizar el programa, previo a su escalamiento en 2020. Esto es muy importante porque Unidos es la puerta de entrada a la Ruta y a la oferta social del Estado. Este ajuste de nuestra oferta y de toda la estrategia ya se puede ver en los cambios de Familias en Acción o en la expansión de Jóvenes en Acción.
El PND estableció la meta de sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza, a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema y a 2,5 millones de la pobreza multidimensional. Nos queda un intenso camino por delante, pero tenemos las herramientas para recorrerlo.
Una semana para promover una gran transformación
Lo mostramos en nuestra Semana de la inclusión por la equidad: la Ruta para la superación de la pobreza, columna vertebral de nuestro plan institucional, debe posibilitar el tránsito de los hogares en pobreza hacia la superación de privaciones y barreras de acceso al ingreso, con un enfoque de logros de inclusión social y productiva. Para eso debe articular la oferta de entidades nacionales y locales, aliados privados y cooperantes que permitan el desarrollo de acciones concurrentes, integrales e intersectoriales.
Lo evaluamos en nuestro foro Ruta para la superación de la pobreza, un camino a la equidad: tenemos cuatro grandes retos para la ejecución de esta gran estrategia. Tenemos que (i) articularla con las acciones, las estrategias y la oferta territorial de los departamentos y municipios. Tenemos que (ii) generar y gestionar oferta suficiente y pertinente de inclusión productiva para las familias en situación de pobreza extrema, en especial en la zona rural, que tiene sus metas específicas en esta materia. Es necesario (iii) Profundizar en acciones para superación de pobreza moderada y multidimensional con una orientación de no reversibilidad. Y (iv) los programas de la entidad requieren evaluación o rediseño para hacer más efectiva la Ruta.
Las grandes metas a las que apunta directamente nuestro trabajo responden a pactos universales. Poner fin a la pobreza es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y uno de los acuerdos inapelables de la humanidad representada en el sistema interestatal. En estos cuatro años, tenemos que cumplir metas acordadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND): lograr que 1,5 millones de personas superen la pobreza extrema, que 2,9 millones de personas salgan de la pobreza monetaria y que 2,5 millones superen la pobreza multidimensional. Por eso es necesario este nivel propuesto de modernización en la política pública -mandato del PDN- representado en nuestra ruta.
Lo presentamos en la segunda sesión directiva de la Mesa de Equidad: para aportar lo requerido a esas metas el gobierno avanza en la actualización del Sisbén, para ajustar la focalización y garantizar que los recursos para la inclusión social lleguen a los que verdaderamente lo necesitan, y -Prosperidad Social específicamente- en la implementación del Piloto de la Estrategia Unidos. Este piloto es un primer avance de interoperabilidad con el Sisbén IV, y acompañará a 70.000 hogares en 77 municipios de Córdoba y Nariño.
Lo estamos haciendo en nuestro trabajo diario: estamos ajustando las políticas de inclusión social, articulándolas con políticas de inclusión productiva. Estamos aunando esfuerzos y haciendo eficientes los recursos. Todo bajo las premisas de integralidad y eficiencia que hemos puesto en juego para el diseño de la ruta y al principio de modernización que impulsó la instalación de la Mesa de Equidad. Todo eso lo quisimos representar en la robusta agenda que desarrollamos en la Semana de la inclusión por la equidad, este mes de octubre, para motivar, para promover el trabajo conjunto por este reto aplazado y por cumplir la tarea pendiente -especialmente- con los 3,5 millones de compatriotas que permanecen en la extrema pobreza.
Mejorar espacios para reducir pobreza
Junio 21 de 2019.
El esfuerzo de este gobierno por reducir el déficit cualitativo de vivienda y la precariedad de los espacios colectivos en Colombia es inédito. Es inédita también la inversión y la dirección que le estamos dando a todos los proyectos de infraestructura y hábitat en Prosperidad Social, respondiendo a distintas privaciones de los hogares y las comunidades y al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Hasta ahora la más mediática de las estrategias es Casa Digna Vida Digna que mejorará las condiciones de habitabilidad de 600.000 hogares urbanos y rurales. Aquí trabajamos con los ministerios de Vivienda y Agricultura. Es una estrategia contra la pobreza en la que Prosperidad Social está poniendo experiencia y recursos: 325.000 mejoramientos de vivienda (120.000 en zonas rurales) que implican una inversión de 2,5 billones de pesos.
La más mediática de las estrategias es fundamental, pero no la única que implementamos a través de nuestra Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. En la actual vigencia ejecutamos 1.010 proyectos en 617 municipios de 31 departamentos colombianos. Esa inversión supera los 1,7 billones de pesos. Esto sin incluir 543 obras pendientes desde 2016 y 2017 que destrabamos este año al asignar las interventorías.
Las intervenciones en infraestructura entrelazan el componente técnico y social de nuestra misión como cabeza del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Responde a privaciones que inciden en la pobreza multidimensional. Fomentan el desarrollo sociocultural y el goce de los espacios públicos y comunitarios, potenciando además la infraestructura productiva como los centros de acopio, plazas de mercado y placas huella, entre otras obras, que fortalezcan a nuestros emprendedores con criterios de inclusión productiva y social.
Es mucho más que concreto y ladrillos. Representa un cambio trascendental en las condiciones de vida de las comunidades y los hogares. Lo específico de ese objetivo, mejorar la vida de un hogar, de miles de hogares, se refleja en las historias que podemos conocer en nuestro ejercicio diario. En esta edición encontrarán la de María Olivia de Jesús Acevedo, que nos permite entender un poco mejor lo que la mejoría de los espacios de la casa hizo por ella, su hija y nietos.
Buenos servicios públicos domiciliarios, mejores condiciones de la vivienda y espacios colectivos de calidad aportan además a alcanzar una vida sana, hacer sostenibles las comunidades y las ciudades y reducir las desigualdades, entre otros objetivos de la humanidad.
Para que siga siendo mucho más que solo infraestructura física, afinamos permanentemente la política de obras de la entidad. Esto exige perfecta articulación y complemento con las demás entidades, ministerios, con el sistema interestatal -uno de los grandes aliados- y la empresa privada. Eso sí, sin perder de vista la articulación más importante: la que se debe hacer con las comunidades.
Susana Correa
Directora General
Marzo 15 de 2019.
El papel de las mujeres ha sido fundamental en los avances en materia social que puede mostrar Colombia durante este siglo. A medida que hemos reventado barreras para la inclusión y la equidad de género, hemos empujado o jalonado logros inéditos en el cumplimiento de otra meta fundamental: erradicar la pobreza extrema. La evidencia estadística es incontestable y la cualitativa permite que las mujeres se reconozcan en el liderazgo, la resiliencia y el esfuerzo de las protagonistas.
El papel ha sido esencial en las áreas rurales, donde la pobreza ha sido mayor y más esfuerzo propio ha requerido superarla: cerca de 21 por ciento de las colombianas vive en esas zonas; un 23 por ciento de los hogares rurales tiene jefatura femenina; y 40 por ciento de los hogares rurales con jefatura femenina se encuentra en condición de pobreza. Ellas han protagonizado algunos de los más exitosos procesos de intervención rural promovidos desde Prosperidad Social.
Familias en Su Tierra (FEST), programa que contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento forzado, ha vinculado a más de 76.000 hogares. Las mujeres representan el 51 por ciento de los participantes de los cinco ciclos cumplidos. Están al frente de proyectos productivos, vinculadas al fortalecimiento de las capacidades sociales y comunitarias. Desde el quinto ciclo y ahora que inicia el sexto ciclo de intervención para 10.920 hogares en 32 municipios, las voces de mujeres víctimas nos han señalado el camino adecuado. Testimonios como el de
Irma Sofía Amaya, quien desde Viotá (Cundinamarca) nos da ejemplo de reconstrucción, de producción sostenible y vida digna.
Con IRACA, programa para hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas en situación de pobreza extrema o vulnerables, acompañamos a 10.000 familias en una veintena de municipios del país. El 53 por ciento de los participantes son mujeres. Se dedican a la producción de alimentos para autoconsumo en huertas caseras, generación de ingresos a partir de la creación o fortalecimiento de proyectos productivos comunitarios y fortalecimiento social y comunitario.
La proporción de las mujeres en programas de mayor registro como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Mi Negocio y Estrategia Unidos, siempre ha estado cerca o por encima del 60 por ciento. Son pistas de la carga que las mujeres han asumido y, sobre todo, del esfuerzo que han puesto para lograr una vida más digna para ellas y sus familias.
Por eso subrayamos lo que nos enseñan, lo que debemos aprender, por ejemplo, del empuje de
Damaris Álvarez, participante de Mi Negocio en Tulúa (Valle del Cauca), o el principio democrático de
Narcisa Barrios, la primera mujer curaca (gobernadora) de la comunidad de Nazareth, en Amazonas, en donde es líder de Familias en Acción. En sus voces está la mejor.
Diciembre 21 de 2018.
Este gobierno está haciendo una inversión histórica en la educación superior, ratificada en el acuerdo con estudiantes y profesores para fijar recursos para las universidades estatales. Lo hace con la certeza de que la educación de calidad es el motor del cambio social, por lo que ha fortalecido desde el primer día todas las estrategias que apuntan a ello. En Prosperidad Social estamos poniendo la experiencia de un programa fundamental dirigido a la sostenibilidad de los estudiantes más pobres.
Se trata de Jóvenes en Acción (JeA), uno de nuestros programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. Apoya a estudiantes en condición de pobreza y vulnerabilidad con un incentivo mensual durante su formación técnica, tecnológica y universitaria. Tomará una dimensión superlativa gracias a dos decisiones fundamentales del Gobierno. La primera es que la experiencia de JeA lo hizo soporte fundamental del componente de equidad del programa Generación E, apoyando la permanencia de cientos de miles de estudiantes de los estratos más bajos. En eso es un programa pionero en la región y uno de los de mejor resultado costo beneficio.
Su éxito fue medido en una consultoría contratada por Prosperidad Social con Econométrica y por otras investigaciones académicas, como la de María Fernanda Gómez, que en tesis presentada a la Universidad de los Andes evaluó la diferencia en las posibilidades de acceso a la educación superior entre los jóvenes elegibles y los beneficiarios del programa. Confirmó que el programa promueve como pocos el cierre de las brechas de acceso a la educación superior.
El programa permite que los jóvenes en universidades aseguren su asistencia a clase, disminuyendo en un 40 por ciento la probabilidad de deserción, facilitándoles -además- concentrarse en sus estudios: solo 4 por ciento de los participantes divide su tiempo de estudios con empleo; y aumenta entre 49 y 69 por ciento la probabilidad de que sus participantes en el SENA obtengan luego un trabajo formal.
La segunda decisión es que llegará a 500.000 participantes durante los cuatro años de este gobierno. De hecho, ampliará su oferta en 100.000 nuevos cupos entre 2018 y 2019. Esa es una de las grandes metas en derechos de la juventud contempladas por el plan de desarrollo Pacto por Colombia. JEA será rediseñado con enfoque de género, para fortalecer empoderamiento de la mujer en situación de pobreza; y diferencial, para ser incluyente frente a la población con discapacidad y a la deuda con las regiones más pobres: Chocó y La Guajira, para empezar.
Susana Correa Borrero
Directora del Departamento para la Prosperidad Social
Noviembre 30 de 2018.
En Colombia, pese a los avances registrados desde 2002 (hasta 2017 la pobreza bajó 23 puntos porcentuales), hay zonas rezagadas y estancadas en la obligación de superar la pobreza extrema. Son zonas excluidas del desarrollo, como Cauca, Chocó, Córdoba y La Guajira. En muchos casos, la pobreza extrema está vinculada al desplazamiento, como refleja la relación de cifras que podemos hacer con la Unidad de Víctimas. Atender el reto que ello arroja es una responsabilidad primordial en la construcción del país que todos soñamos.
Tenemos compromisos internacionales: la primera meta de Desarrollo Sostenible es erradicar la pobreza extrema en 2030. Y tenemos compromisos misionales y nacionales de los que el Departamento para la Prosperidad Social es agente fundamental. Estamos renovando las políticas para cumplirlas. Avanzar en esa materia es una de las prioridades del Plan de Desarrollo Pacto por Colombia, nuestro pacto por la equidad.
Hemos viajado a todas las regiones para construir las políticas y programas del Plan de Desarrollo. Participan la institucionalidad local y regional, universidades, colectivos y los sujetos que sufren las condiciones, pues sabemos que las víctimas de la pobreza son las primeras en trabajar para superar sus condiciones.
Van a ser políticas de superación permanente, lo que requiere articular este esfuerzo con los programas de expansión de la clase media y generación de empleo, también pilares del plan de desarrollo, porque casi un 40 por ciento de población que aceptamos llamar vulnerables está en riesgo de caer de nuevo en situación de pobreza. Hay que consolidar condiciones robustas para evitarlo.
Los programas que estamos ajustando apuntan a cambiar las condiciones estructurales de la pobreza extrema, afinando los mecanismos de focalización: los resultados del Sisbén IV y la radiografía del nuevo Censo DANE deben llevarnos a eso. Estamos robusteciendo la oferta y operación en programas de probada efectividad, como Familias en Acción y las Intervenciones Rurales Integrales, que vinculan a muchas víctimas; y los que responden a dimensiones de igualdad en oportunidades, como Jóvenes en Acción, que llegará a 500.000 participantes durante el cuatrienio.
Trabajamos a toda marcha para construir una política de infraestructura social que impacte en condiciones de habitabilidad, sin pisar competencias de otras entidades que están comprometidas con su parte. Y convocamos a todas las fuerzas públicas y no gubernamentales, empresas y a toda la ciudadanía, para apuntarle a esta meta inaplazable: erradicar la pobreza extrema.
Susana Correa Borrero
Directora del Departamento para la Prosperidad Social
Edison Yamil: De “hijo del Estado” a embajador mundial de jóvenes
Diciembre 29 de 2017.
Recientemente conocí a Edison Yamil Salcedo, un joven de 21 años procedente del Huila que, en sus propias palabras, se define como un “hijo del estado”. Edison fue abandonado y desde muy temprana edad estuvo bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Una vez creció y pudo elegir qué camino tomar, decidió estudiar Derecho y ha recibido el apoyo del programa Jóvenes en Acción, que le ha brindado un incentivo monetario durante su periodo de estudios universitarios.
Las adversidades de la vida no le impidieron estudiar a Edison, es más, aparte de forjarse un futuro profesional, eligió dedicarse al servicio social y por ello acompaña a otros adolescentes que están bajo medida de protección del ICBF en el proceso de tener un proyecto de vida digno.
Como la historia de Edison, hoy embajador mundial de jóvenes, elegido en la más reciente Cumbre Mundial One Young World, hay muchas que nos recuerdan que los colombianos que están en condición de vulnerabilidad y pobreza más allá de buscar asistencialismo y depender monetariamente del estado, quieren una oportunidad para salir adelante y poder labrar su propio futuro, generando espacios de representatividad con los que están cambiando el mundo.
Estos casos son la evidencia de que la educación es sin lugar a duda uno de los pilares en los que se cimienta la superación de la pobreza. En este sentido, gran parte de nuestros esfuerzos están enfocados en esta dimensión y trabajamos día a día para garantizar que nuestros programas generen el resultado esperado.
Por ello, este mes realizamos la evaluación de impacto del programa Jóvenes en Acción del que es beneficiario Edison Yamil. Mayor acceso a la educación superior, reducción en la deserción y mayores oportunidades en el mercado laboral, son los principales resultados de este estudio realizado con estudiantes de diferentes lugares del país.
En cuanto a deserción se refiere, el Programa ha permitido que los jóvenes en universidades aseguren su asistencia a clase, disminuyendo en un 40% la probabilidad de abandonar sus estudios de manera temporal o definitiva, desarrollando así sus habilidades para el futuro laboral.
Además, en términos de rentabilidad, la evaluación muestra que los beneficios generados por Jóvenes en Acción superan sus costos. El Programa genera un retorno positivo, pues por cada peso invertido en un joven, éste se traduce en 1.09 pesos en beneficio calculado como el valor presente de sus ingresos, dado el aumento en la probabilidad de tener un empleo formal acorde a su nivel de formación.
La evaluación también demostró que los jóvenes están usando el incentivo para lo que es: fortalecer los aspectos que apoyan su educación invirtiendo en su futuro. Es así como los jóvenes del SENA gastan el incentivo principalmente en alimentos y bebidas consumidas en el hogar (17,2%), transporte (16,8%), ahorro (12,9%), elementos de aseo (10%), educación (7,6%) y vestuario (6,3%).
Para el caso de los jóvenes de las Instituciones de Educación Superior (IES), el principal rubro es el de educación: pago de la matrícula, seguido de materiales educativos (19,8%). Al analizar el gasto total, se invierten los dos primeros rubros siendo el más importante transporte (18,7%) seguido de educación (14,8%), pero los principales rubros coinciden.
En pocas palabras, estamos cumpliendo con los objetivos trazados. A través de la entrega de incentivos monetarios, condicionados a su permanencia en el estudio, y del componente de Habilidades para la Vida que apoya a los estudiantes en la formación de competencias blandas, estamos aumentando las oportunidades de que los jóvenes se eduquen, consigan una práctica empresarial y más adelante un empleo formal.
Casos como el de Edison Yamil y los resultados de la evaluación de impacto del programa Jóvenes en Acción nos recuerdan que estamos cambiando las vidas de los jóvenes de Colombia y que vale la pena ser persistentes en la lucha contra la pobreza, pues se trata de una batalla que debemos librar en diferentes frentes en los que, sin lugar a duda, la educación es una prioridad.
Octubre 6 de 2017
Más Familias en Acción: de una transferencia al empoderamiento social
Quienes han recorrido el país, sobre todo en el ámbito rural y en las regiones donde más se concentra la pobreza, habrán oído a la comunidad y a los líderes locales hablar con gran entusiasmo de "Más Familias en Acción". Incluso quienes han visitado localidades periféricas de Bogotá como San Cristóbal, Kennedy o Bosa, habrán visto grupos de madres líderes que trabajan por su comunidad y que hablan con orgullo de un programa que, además de ser Ley, cambió sus vidas.
Lo anterior, es el reflejo de lo que Más Familias en Acción logra hacer especialmente por madres colombianas que se encuentran en condición de pobreza. No se trata solo de un programa que ofrece un complemento al ingreso en los hogares más vulnerables del país, condicionado al cumplimiento de compromisos relacionados con la salud y la educación de los niños, niñas y adolescentes; se trata también de la formación de capital humano que brinda soporte y empodera a las madres para salir adelante.
"Para mí ser mamá es todo porque son mis hijos los que más me han enseñado. Soy madre cabeza de familia y me ha tocado sacar adelante sola a mis dos niños, por eso la ayuda económica de Más Familias en Acción ha sido muy valiosa para mí. Me ha permitido alimentar a mis hijos, llevarlos al colegio y al médico y pagar los transportes. Esa plata nos llega en el momento en que más lo necesitamos y nos ayuda a cubrir las necesidades básicas de la familia", indica Johanna Aguilar, una de las 2.5 millones de madres pertenecientes al programa y quien hoy puede soñar un mejor futuro para ella y para sus hijos gracias al apoyo del Gobierno. Johanna, es también una de las razones por las que estamos convencidos de que estos incentivos monetarios son herramientas que suman a la mejora de la calidad de vida de los colombianos que más lo necesitan.
De acuerdo con las evaluaciones de impacto realizadas al programa, se ha podido evidenciar que los niños y adolescentes participantes de Más Familias en Acción, comparado con otras familias que no reciben el incentivo, tienen un 6.4% más de probabilidad de graduarse del colegio, y una reducción de 23% en la inseguridad alimentaria para los hogares en zonas rurales.
Sabemos que el mayor impacto de este complemento al ingreso se da en el consumo de alimentos de la canasta familiar y que estos resultados positivos no sólo aplican para Colombia. Como lo establece el Banco Mundial en su reporte de política de transferencias monetarias condicionadas publicada por Ariel Fiszbein y Norbert Schady:
"Las Transferencias monetarias afectan no solo el nivel total de consumo, también la composición del consumo. Hay evidencia de que los hogares que reciben las Transferencias gastan más en comida, y dentro de la canasta alimentaria, en alimentos de mejor calidad".
Al finalizar la charla con Johana, quien a pesar de su juventud revela un compromiso férreo con sacar a sus hijos adelante, me recordó también que el programa le ha permitido fortalecer sus propias habilidades para ser parte activa de su desarrollo y que eso para ella ha hecho la diferencia.
"No soy beneficiaria sólo de un incentivo monetario que beneficia la salud y la educación de mis niños. Hoy puedo decir que soy Madre líder y que pude graduarme como Bachiller para posteriormente estudiar en el Sena y darle ejemplo de superación a mis hijos, algo que jamás pensé tener". Este ejemplo, es la muestra del empoderamiento social que es esencial en el esfuerzo permanente de superar la pobreza en nuestro país.
